Este nuevo proyecto de ley que impulsa la congresista Katherine Miranda promete subsidios y rutas de reintegración para población posegresada. Pero las cifras oficiales, expertos y organizaciones sociales cuestionan, entre otras cosas, los resultados de la primera ley.

En Colombia es un éxito hablar de las segundas oportunidades. A la gente le encanta escucharlas en discursos institucionales, en campañas políticas, en eslóganes publicitarios, en escenarios empresariales. Hablar de reintegración y resocialización de las personas que salen de las cárceles permite mostrar un sistema penal aparentemente más humano, más cercano a la idea de reconstrucción social, y eso despierta en la gente un sentimiento asistencialista muy efectivo para convencerla de votar, de comprar o de donar. El problema es que ese discurso no coincide con la realidad.

En 2022, el entonces presidente Iván Duque sancionó la Ley 2208, conocida como Ley de Segundas Oportunidades. La norma prometía incentivar la contratación de personas que salieron de la cárcel mediante beneficios para empresas y la creación del “Sello de Segundas Oportunidades”. Aunque podría pensarse que había buenas intenciones, cuatro años después, los resultados conocidos siguen siendo mínimos frente a la dimensión del problema que la ley buscaba atender.

Aun así, en este momento el Congreso está impulsando una nueva versión para “seguir construyendo sobre los avances logrados”, como dice en la exposición de motivos. ¿Pero cuáles avances logrados si según una respuesta oficial del Ministerio del Trabajo, desde la entrada en vigencia de la ley únicamente cinco empresas han obtenido el sello oficial? Si bien cuatro manifestaron interés en acceder a los incentivos económicos contemplados por la norma, dos no cumplieron requisitos y las otras dos nunca completaron la documentación necesaria. Resultado: ningún beneficio económico se materializó.

El nuevo proyecto de Ley es el 494 de 2025, y es promovido por la representante Katherine Miranda para crear un Programa Nacional de Reintegración Social y Económica, una Ruta Nacional de Reintegración y un Subsidio de Segunda Oportunidad para personas posegresadas. La iniciativa incluye atención psicosocial, salud mental, fortalecimiento familiar, acompañamiento jurídico y mecanismos de inclusión laboral estatal. Para la representante Miranda, la necesidad de esta nueva versión responde a que el 70 % de las personas que recuperan su libertad salen sin trabajo y el 23% reincide. Su apuesta busca que el Estado asuma un papel más activo y no deje la reintegración únicamente en manos del sector privado. Sin embargo, desde la promoción del primer proyecto de ley se hablaba de cifras similares y los números actuales oficiales disponibles muestran una implementación limitada de la primera ley, ausencia de beneficios económicos materializados y falta de indicadores claros de impacto.

Para María Isabel Mora, directora del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, aunque la Ley 2208 representó un esfuerzo importante para promover la formalización y la resocialización de personas que egresan de prisión, “su implementación ha sido deficiente y sus impactos limitados”. Además, advierte que “no es posible impulsar iniciativas legislativas sin un sustento fáctico y jurídico sólido” y que existe el riesgo de reproducir los mismos resultados limitados de la versión anterior.

Temblores ONG manifiesta algo parecido. Según Lina Porras, una de sus integrantes, los propios datos del Ministerio del Trabajo muestran que la implementación de la primera ley ha sido mínima y que los incentivos creados “no han logrado transformar de manera estructural las barreras de acceso al empleo que enfrentan las personas posegresadas”. Pero el debate va mucho más allá de cifras o beneficios tributarios. Para Porras, pensar que el problema del posegreso se resuelve únicamente mediante subsidios o incentivos económicos “puede terminar simplificando una problemática mucho más profunda causada por la estigmatización, exclusión social, ausencia de acompañamiento psicosocial y las propias condiciones de reclusión en Colombia”.

Hablemos rápidamente de plata: si se toma como referencia el cálculo planteado en la propia iniciativa —que estima el Subsidio de Segunda Oportunidad en aproximadamente 5,46 millones de pesos por beneficiario durante seis meses—, el costo del subsidio podría superar los 79 mil millones de pesos anuales únicamente en transferencias económicas directas. Y eso sin sumar los costos de funcionamiento de la Ruta Nacional de Reintegración, atención psicosocial, salud mental, fortalecimiento institucional y operación administrativa del programa. Es mucho dinero para una política sin evidencia suficiente, con una antecesora que no sirvió y una gigantesca crisis penitenciaria que continúa enfrentando hacinamiento, crisis de salud y déficits históricos de financiación.

El proyecto establece que el programa sería financiado mediante un fondo-cuenta administrado por el Ministerio de Justicia e integrado por recursos del Presupuesto General de la Nación, cooperación internacional no reembolsable ( en un contexto internacional lleno de recortes de recursos de cooperación en distintos sectores sociales y humanitarios), donaciones y otras fuentes compatibles con el programa. Sin embargo, la iniciativa no detalla qué organismos asumirían esos aportes, si existen compromisos previos concretos ni qué ocurriría en caso de que esos recursos no se materialicen.

Por eso, cabe preguntarse hasta qué punto una política basada principalmente en subsidios temporales puede realmente transformar las causas estructurales de la reincidencia. Según Mora, “no podemos esperar que la población privada de la libertad consolide un proceso real de resocialización si sus condiciones de reclusión son indignas”. Temblores ONG comparte esa preocupación. Según Lina Porras, sin transformaciones materiales dentro de las cárceles, el posegreso termina funcionando muchas veces “como una respuesta tardía frente a exclusiones que el propio sistema profundizó durante años”.

Y ahí la discusión deja de ser únicamente jurídica y se vuelve presupuestal, política, técnica y profundamente ética. Porque mientras el país discute subsidios y nuevas rutas de reintegración, el sistema penitenciario colombiano continúa bajo un Estado de Cosas Inconstitucional reconocido por la Corte Constitucional. Las cárceles siguen enfrentando hacinamiento, crisis de salud, deterioro estructural y déficits históricos de financiación. Incluso el propio proyecto reconoce que el hacinamiento nacional supera el 28% y que más de 104 mil personas permanecen privadas de la libertad en un sistema con capacidad insuficiente. Además, según cifras del INPEC, cerca de 14.630 personas salen anualmente del sistema penitenciario colombiano.

Por último, está el tema de quiénes tendrán voz en la construcción de esta política pública. La iniciativa contempla la creación de una Secretaría Técnica Permanente esté integrada por entidades del Gobierno nacional y únicamente hasta dos organizaciones de la sociedad civil con trayectoria verificable en trabajo con población posegresada. Para Temblores, “reducir esa participación puede terminar excluyendo experiencias fundamentales, limitar la pluralidad de voces y concentrar la incidencia en unos pocos actores”, señala Porras.

No se puede desconocer que en el país se utilizan cada vez más las segundas oportunidades como slogan mercantilista y que ni siquiera se garanticen las primeras condiciones de dignidad dentro de las cárceles. Pero tampoco se puede ignorar que, aunque invisibilizadas de las discusiones institucionales, hay muchas organizaciones sociales, colectivos, universidades y procesos territoriales que llevan años sosteniendo procesos reales de acompañamiento jurídico, psicológico, comunitario y laboral para personas privadas de la libertad. Incluso muchas veces suplen los vacíos estatales.