A pesar de ser uno de los aglomerados económicos más importantes del país, el abandono estatal y la falta de garantías arriesga el futuro de miles de familias.

La importancia de San Victorino es innegable en la economía colombiana. Empresas como Arturo Calle y Panamericana, que han revolucionado el comercio en el país, comenzaron en sus calles. Ha sido la cuna para varios de los grandes comercios que tenemos.

Por eso es sorprendente que hoy esté batallando por su supervivencia. La competencia desleal de plataformas extranjeras, el abandono estatal y la falta de garantías han creado una crisis que hoy está a punto de explotar.

Recientemente los comerciantes de la zona protestaron por la competencia desleal, que plataformas como Temu y Shein representan. Estas compañías evitan el pago de impuestos y aranceles que los comerciantes nacionales sí deben pagar.

Guillermo Elias Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confección y uno de los representantes del gremio, denuncia que las plataformas extranjeras se aprovechan de vulnerabilidades en el Tratado de Libre Comercio para evitar el pago de aranceles e impuestos en lo que él llama“el mayor fraude fiscal de Colombia”. 

Criado hace estimaciones de que se están perdiendo hasta 6 billones de pesos en impuestos que no llegan a las arcas del país. 

En una entrevista la Dra. Maria Fernanda Quiñones, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, explica que la mercancía que entra al país en modalidad de tráfico postal y sea de menos de 50 dólares, no debe pagar aranceles porque el tratado de libre comercio que Colombia tiene con Estados Unidos así lo determina.

Criado denuncia que las plataformas envían mercancía a Estados Unidos y desde allí es enviada al país, evitando el pago de aranceles al aprovechar los beneficios estipulados en el tratado de libre comercio. Son alrededor de seiscientos cincuenta mil kilos de mercancía diaria los que llegan a Colombia en esta modalidad.

Una de las categorías que más está siendo afectada por esto es la moda, lo que es preocupante en un país como Colombia que es un productor textil tan relevante. 

La desigualdad crea una competencia injusta donde los comerciantes colombianos no pueden competir. Criado describió la situación como “un tsunami que destruye el aparato productivo nacional” en una entrevista con el Noticiero Nacional Digital.

Los comerciantes de San Victorino buscan que el gobierno proteja la producción nacional como otros países lo han hecho. Por ejemplo Brasil creó impuestos para compras de bajo costo y México endureció controles aduaneros.

Leidy Betancourt, cabeza de AsoSanVictorino, dice que a pesar de que ya se han iniciado conversaciones con el Ministerio de Comercio, el cambio de gobierno puede dilatar el proceso. 

“No hay un empalme, no hay agenda pública que realmente le garantice a poblaciones como nosotros que va a haber un proceso. No hay en curso algo que diga que ya empezamos unas conversaciones o una mesa de trabajo que deba llegar a un término o a una política pública” dice Betancourt.

Este abandono estatal no es nuevo para ella. San Victorino lleva pidiendo garantías de seguridad, limpieza y orden público a lo largo de varias alcaldías pero no les han dado soluciones efectivas. 

Diversos factores influyen en la situación. Ella reporta que los problemas como la inseguridad de la zona, el comercio informal no regulado, las construcciones que rodean San Victorino y las injusticias tributarias hacen que emprender sea una odisea. Una tan grande que muchos han tenido que cerrar sus negocios y despedir empleados.

Otro problema es la educación alrededor de la digitalización de un negocio. Muchos de los vendedores suelen tener pensamientos conservadores, lo que evita que lleven su negocio a las redes apropiadamente. AsoSanVictoriono ha creado plataformas para la venta online y, se esmeran en educarlos pero cambiar una mentalidad tan arraigada toma tiempo.

Las obras de Transmilenio y el metro que rodean el área han afectado mucho el comercio, y eso sumado a la mala fama que tiene la zona por su inseguridad complica competir con la conveniencia de las aplicaciones extranjeras.

“Nosotros no tenemos andenes indignos, no tenemos organización del espacio público” dice Betancourt. Ella reporta que aunque se han esforzado por mejorar los alrededores de la zona, la falta de monitoreo a los vendedores informales evita que puedan tener un cambio real.

“El gobierno, a través del IPES, que es la entidad que se supone debe tener plenamente identificación del comercio informal en Bogotá, ni siquiera sabe exactamente cuántos vendedores informales están en San Victorino, ni cuántos son vulnerables, ni cuántos son una mafia del espacio público.” afirma. 

También preocupa que hay vendedores informales vinculados con la delincuencia o que se niegan a reubicarse.

Estas irregularidades hacen que transformar la reputación y el espacio de San Victorino sea una tarea titánica, y aunque la policía hace más presencia en la zona esta solución no es la definitiva.

Betancourt plantea que las políticas públicas creadas para los vendedores informales deben hacer más que protegerlos. Deben asegurarse de que ellos puedan transicionar y crecer a un comercio legítimo, uno que no dependa del espacio público. 

La suma de todos estos factores ha generado que muchas tiendas y talleres cierren o tengan que reducir su personal. El incremento del salario mínimo también influyó en que tiendas que solían tener dos o tres empleados ahora solo le puedan pagar a uno.

Los hechos son que el trabajo de calidad, hecho con talento colombiano, está siendo enterrado por todos estos factores y, sin un apoyo genuino por parte del estado, el riesgo de desaparecer es cada vez más alto.