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¿Cómo se mide la democracia?
Por: Sergio Alejandro Gómez
La democracia, del griego demos («pueblo») y kratos («poder»), es un sistema de gobierno y una forma de organización política en la que la soberanía reside en los ciudadanos. En teoría, ese poder se ejerce mediante la elección de representantes a través de procesos electorales libres, periódicos y competitivos, en los que la oposición tiene posibilidades reales de acceder al gobierno. En la práctica, elecciones presidenciales como la celebrada el pasado 21 de junio sería esa manifestación más visible y trascendental de esta forma de organización política.
Si bien este tipo de sistema de gobierno es el modelo político predominante en buena parte de los países europeos y americanos, aún con sus complejidades y fallas en cada caso concreto, su funcionamiento dista de ser uniforme. En la actualidad, se han desarrollado mecanismos propios para traducir la voluntad popular en decisiones de quién sería el representante máximo de ese tipo de gobierno.
En Estados Unidos se utiliza un sistema de elección indirecta mediante el Colegio Electoral, en el que cada uno de los 50 estados dispone de un número determinado de votos electorales en función de su población. En las elecciones de 2024, Donald Trump obtuvo 312 votos electorales frente a los 226 alcanzados por Kamala Harris, asegurando así su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, este modelo ha permitido que un candidato llegue a la Presidencia sin haber obtenido la mayoría de los votos. De hecho, eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016. Aunque Hillary Clinton recibió cerca de 2,9 millones de votos más que Trump, el republicano logró imponerse sobre la candidata demócrata gracias a victorias estratégicas en estados clave como Pensilvania (20) y Míchigan (16), cuyos votos electorales resultaron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria para ganar las elecciones.
Si nos remitimos al caso español, el modelo resulta aún más complejo. España es una monarquía parlamentaria en la que coexisten el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, actualmente Pedro Sánchez. A diferencia de sistemas de elección directa como el caso colombiano, los ciudadanos españoles no votan por el jefe del Ejecutivo, sino por los diputados del Congreso. Una vez celebradas las elecciones, el rey consulta a los líderes de los distintos partidos políticos y propone un candidato, quien debe obtener el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara —al menos 176 de los 350 diputados— en una votación de investidura para convertirse en presidente del Gobierno.
En Colombia, en cambio, el mecanismo resulta ser más directo. El presidente es elegido por voto popular y resulta vencedor el candidato que obtenga más de la mitad de los votos válidos. Como en este caso ninguno de los aspirantes superó el umbral del 50 % en la primera vuelta, los comicios debieron definirse en una reñidísima segunda vuelta electoral en la que resultó ganador Abelardo de la Espriella. El nuevo Presidente asumiría su cargo el próximo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar. Pero surgiría entonces una pregunta adicional: ¿por qué esa fecha? La respuesta se encuentra en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, considerada una de las principales fiestas patrias del país. Precisamente esta tradición comenzó en 1888, cuando Carlos Holguín fue el primer mandatario en posesionarse en ese muy lejano 7 de agosto, reemplazando la costumbre que durante décadas del siglo XIX había fijado el inicio de los periodos presidenciales para el 1 de abril.
Pero entonces, aunque todos nuestros países vecinos ejerzan su derecho y deber democrático del voto para elegir presidente, la realidad global evidencia que menos de la mitad de la población mundial vive bajo este modelo. De hecho, según el Informe del 2026 de Varieties of Demcracy V-Dem, para este años hay 87 países regidos bajo un sistema democrático frente a 92 países que viven bajo un sistema autocrático. Esta diferencia resulta aún más evidente cuando se observan casos de países con una altísima población. Mientras Brasil, Japón, Filipinas o Nigeria funcionan bajo sistemas políticos con elecciones periódicas, libres y competitivas, Rusia, Indonesia, Pakistán o China representan un modelo distinto. En el último caso opera un sistema de partido único controlado por el Partido Comunista Chino, en el que el presidente Xi Jinping fue designado a través de la estructura política del régimen y ratificado por la Asamblea Nacional Popular.
Siendo la democracia un sistema político tan complejo, para evaluar y medir la calidad de las democracias y autocracias en el mundo, existen tres grandes índices internacionales que se han convertido en referentes globales. El primero es el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), que analiza de manera exhaustiva los datos de 179 países y clasifica a los sistemas de gobierno de los países en cuatro categorías: autocracia cerrada, donde no existen elecciones competitivas ni libertades fundamentales; autocracia electoral, donde se celebran elecciones pero estas no son libres ni justas; democracia electoral, donde existen elecciones periódicas, sufragio universal y condiciones razonables para el ejercicio de las libertades políticas —categoría en la que se ubica Colombia—; y democracia liberal, considerada el nivel más alto al incorporar sólidos mecanismos de control y equilibrio entre los distintos poderes del Estado.
El segundo termómetro global es Freedom House, una organización no gubernamental que evalúa a los países en una escala de 0 a 100 puntos, otorgando hasta 40 puntos por derechos políticos y 60 por libertades civiles. En su informe de 2026, Colombia aparece calificada como una democracia libre, aunque “raspando”, debido a que el último reporte enciende alarmas al registrar casos de control y censura en la esfera digital, así como ataques directos a la libertad de prensa por parte de los Sistemas Públicos de Información y de la propia Presidencia de la República. Como último indicador se encuentra el Índice de Democracia elaborado por The Economist Intelligence Unit, el cual evalúa la calidad democrática en una escala de 0 a 10 y clasifica a los países en cuatro grupos: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario.
Bajo esta última metodología, la situación de Colombia resulta preocupante. Aunque históricamente se ha mantenido dentro del grupo de las democracias defectuosas, ocupando el puesto 60 entre 167 países con una puntuación promedio de 6,35, el informe correspondiente a 2025 encendió las alarmas al otorgarle la calificación más baja de su historia: 6,04 puntos sobre 10.
Este retroceso sitúa al país peligrosamente cerca de la categoría de régimen híbrido, en el cual a pesar de que continúan existiendo elecciones competitivas, las instituciones democráticas presentan serias limitaciones y son vulnerables a prácticas autoritarias. El deterioro se explica principalmente por la caída de dos componentes fundamentales: la cultura política, que descendió de 3,75 a 3,13 puntos reflejando un creciente desencanto ciudadano, y el funcionamiento del gobierno, que pasó de 6,07 a 5,71 puntos debido a una menor percepción de eficacia, transparencia y legitimidad institucional.
Estos resultados negativos dejan a Colombia notablemente rezagada frente a otros países, que, comenzando por Estados Unidos, también han presentado un deterioro en su calidad democrática. No obstante, más allá de las cifras y los rankings internacionales, una señal calve del mantenimiento de la democracia se encuentra en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones, en el respeto por la pluralidad de opiniones y en la capacidad del Estado para garantizar libertades fundamentales. El deterioro reflejado por los distintos resultados evaluados plantea una pregunta inevitable de cara al nuevo gobierno: ¿Logrará el nuevo gobierno revertir esta tendencia y fortalecer la calidad de la democracia colombiana, o continuará el país deslizándose hacia escenarios de mayor polarización, desconfianza institucional, autoritarismo y debilitamiento de los contrapesos democráticos? La respuesta no dependerá únicamente del nuevo inquilino de la Casa de Nariño, quién ha tenido una serie de discursos de campaña en contramano a valores democráticos, sino también de la capacidad de las ramas legislativa y judicial, de los organismos de control y de la propia ciudadanía para salvaguardar principios esenciales como la libertad de expresión, el respeto por la pluralidad de opiniones, la garantía de los derechos humanos y la búsqueda del bien común a través del diálogo, el consenso y la participación democrática.