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El orgullo detrás de los muros
Por: Nicolás Martínez Durán
Laura estaba condenada a 50 años de prisión. Pero la condena que terminó marcando su historia no fue únicamente la impuesta por un juez. También fue la de un sistema penitenciario y de salud que nunca respondió con la urgencia que su enfermedad exigía.
Desde que ingresó a prisión, convirtió el encierro en una forma de resistencia. A través del colectivo Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, promovió acciones de tutela, acompañó a otras personas privadas de la libertad y defendió derechos que con demasiada frecuencia siguen siendo vulnerados tras los muros de una cárcel: el acceso oportuno a la salud, el reconocimiento de la identidad de género y una vida libre de discriminación.
La paradoja resulta inevitable. Mientras promovía tutelas y acompañaba a otras personas privadas de la libertad para exigir atención médica oportuna, Laura seguía esperando por la suya. Durante años convivió con un cáncer que avanzaba mientras las valoraciones, las remisiones y el tratamiento especializado que requería no llegaban. En ese tiempo, el manejo de su enfermedad se limitó, en gran medida, al suministro de analgésicos para aliviar el dolor.
Cuando obtuvo la prisión domiciliaria, en febrero de 2026, después de 14 años privada de la libertad, el cáncer ya había alcanzado un estado irreversible. La mujer que dedicó buena parte de su vida a defender el derecho a la salud de otras personas terminó enfrentando las consecuencias del mismo sistema que intentó transformar.
Una población invisible pero que existe
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), actualmente hay 1.566 personas LGBTIQ+ privadas de la libertad en 124 establecimientos penitenciarios del país. De ellas, 561 se identifican como bisexuales, 375 como lesbianas, 373 como gays, 201 como personas trans, seis como personas intersex y 50 con otras orientaciones sexuales o identidades de género. Aunque representan una pequeña proporción de la población penitenciaria, enfrentan desafíos particulares relacionados con el reconocimiento de su identidad, el acceso efectivo a los servicios de salud, la protección frente a la violencia, la discriminación y la falta de medidas con enfoque diferencial. Esta realidad ocurre dentro de un sistema penitenciario que continúa bajo seguimiento de la Corte Constitucional debido a la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), declarado por las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Durante años, Laura insistió en que hablar de los derechos de las personas LGBTIQ+ también era hablar del derecho a la salud. Promovió tutelas, acompañó a protestas y exigió atención médica oportuna para una población históricamente invisibilizada. No era una consigna. Era la lucha que libraba mientras esperaba diagnósticos, valoraciones y tratamientos que no llegaron nunca.
El orgullo también existe detrás de los muros
Cada junio el país celebra el orgullo LGBTIQ+ en las calles. Pero detrás de los muros de las cárceles colombianas también existe una población que resiste, exige y construye identidad todos los días. Laura convirtió su paso por la prisión en una lucha para demostrar que la privación de la libertad nunca podía convertirse en una excusa para tolerar la discriminación. Porque mientras el Estado mantenga a una persona bajo su custodia, garantizar sus derechos es una obligación constitucional y ética.
Para Silvana Espinosa, directora de Latente, un podcast que cuenta historias de personas privadas de la libertad, entre esas, la de Laura, esta conversación sigue siendo una de las grandes ausentes cuando el país habla de la crisis penitenciaria. “Escuchar sus voces es recordar que los derechos humanos no terminan en la puerta de una cárcel. También es entender que el orgullo no desaparece cuando una persona pierde la libertad. La identidad no se queda del otro lado de las rejas. Mientras el Estado tenga a una persona bajo su custodia, también tiene la responsabilidad de garantizar que pueda vivir con dignidad”, cuenta Silvana.
Laura murió el 26 de junio en una clínica en Bogotá, después de una larga lucha para que una juez de la república se compadeciera y le concediera prisión domiciliaria por su mal estado de salud. Pero su historia sigue interpelando al Estado. Mientras 1.566 personas LGBTIQ+ continúan privadas de la libertad en Colombia, el verdadero desafío no consiste únicamente en reconocer su existencia, sino en garantizar que ninguna condena termine convirtiéndose también en una condena contra la dignidad humana. Porque el compromiso de un Estado con los derechos humanos se demuestra, sobre todo, en los lugares donde casi nadie quiere mirar.
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