En Colombia los delitos electorales tienen una particularidad y es que casi nunca terminan en consecuencias reales o castigos para quienes los cometen, como pasaría en cualquier país serio.

La semana pasada, en La Guajira, la Policía encontró al escolta del secretario de la Cámara de Representantes del Congreso, Jaime Luis Lacuoture, con 147 millones de pesos dentro de un vehículo. No era dinero guardado de cualquier manera. Estaba organizado en sobres y cada uno de esos sobres estaba marcado con el nombre de un líder político de los distintos municipios del departamento. Como si eso fuera poco, dentro del carro también había publicidad de campaña para un candidato.

La escena parecía el manual de funcionamiento de la política clientelista en nuestro país y que no es otra que dinero distribuido, intermediarios territoriales identificados y una elección a la vuelta de la esquina.

En cualquier democracia esa combinación encendería todas las alarmas. No solo por la posible comisión de delitos electorales sino por lo que revela sobre la manera en que operan ciertas campañas.

A pesar de eso, ocurrió algo que en Colombia también se ha vuelto rutinario y es que el hombre quedó en libertad y, una semana después, no se conocen avances claros sobre el rumbo de la investigación ni sobre eventuales responsabilidades penales.

El episodio ocurrió, además, a pocos días de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo. Una jornada electoral que volvió a estar acompañada por decenas de denuncias de presunta compra de votos, constreñimiento al elector y otras irregularidades. La diferencia frente a otras épocas es que ahora esas denuncias quedan registradas en videos, audios y transmisiones en vivo que circulan en redes sociales.

Hoy cualquier ciudadano con un celular puede documentar lo que ocurre en muchos puestos de votación o en las calles de municipios donde las maquinarias políticas operan con naturalidad. Pero tener más evidencia no necesariamente significa tener más justicia.

Colombia lleva años acumulando denuncias, capturas en flagrancia, videos comprometedores y testimonios sobre la compra de votos. Sin embargo, el número de casos que termina en condenas efectivas sigue siendo mínimo frente a la dimensión del problema.

Las autoridades anuncian operativos en cada jornada electoral, se reportan capturas, se abren investigaciones, pero el proceso judicial suele diluirse con el paso de los meses hasta desaparecer del radar público. Lo triste es que cuando eso ocurre, el mensaje político es devastador porque evidencia que cometer un delito electoral puede ser escandaloso, pero rara vez es costoso.

La compra de votos no se sostiene únicamente por la pobreza, por la cultura política o por la fuerza de las maquinarias regionales. Se sostiene también porque el sistema de control casi nunca logra demostrar que estas prácticas tienen consecuencias reales para quienes las organizan o las financian.

El caso de los 147 millones en sobres es casi una metáfora perfecta de ese problema. Pero incluso cuando las evidencias parecen tan explícitas, el sistema sigue teniendo enormes dificultades para convertir esos indicios en sanciones ejemplares que envíen un mensaje de que en Colombia no se permite, ni se aprueba ni se consiente la trampa.

Y aquí es donde viene la paradoja  porque nunca había sido tan fácil documentar posibles delitos electorales, pero a su vez, nunca habíamos visto que se normalizara tanto la impunidad, o como se dice popularmente, que se volviera paisaje el cometer delitos en época de elecciones.

Por eso, creo, el caso de La Guajira no debería ser solo un escándalo pasajero más que se olvida en medio de la resaca electoral. Debería ser una pregunta incómoda para las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.

Porque si un episodio con dinero organizado en sobres, nombres de líderes políticos y material de campaña no logra producir respuestas claras del sistema judicial, la pregunta inevitable es otra: ¿qué tipo de prueba sería suficiente?