La ley ángel ha sido una bocanada de aire fresco para quienes exigimos que el estado proteja a los animales de conductas crueles y castigue a los responsables. La norma anterior fue un gran avance ––reconoció a los animales como seres sintientes y creó el delito––, pero, debido a los bajos tiempos de la pena, no permitió materializar el anhelo legítimo de ver tras las rejas a quien mata a un animal o le causa lesiones graves de manera violenta.

En cambio, a un año de sancionada la ley ángel, 46 personas han recibido medida de aseguramiento en centro carcelario, 93 han sido condenadas y 96 han sido imputadas por delitos contra animales, incluyendo 11 casos de abuso sexual. Estas son cifras que celebramos, no porque la justicia deba ser escencialmente punitiva (de hecho, las medidas de justicia restaurativa pueden ser sumamente reparadoras), sino porque el reproche penal debe activarse con severidad cuando la conducta es grave y cuando las víctimas son los seres más indefensos y vulnerables de la sociedad.

Además, no podemos desconocer que el rechazo público al maltrato animal es creciente (2.150 procesos relacionados con delitos contra los animales en apenas diez meses), lo que indica que hay una nueva sensibilidad social que exige actualizar el derecho penal para incorporar en él a un nuevo sujeto de protección.

Sin embargo, también nos enfrentamos a una enorme frustración e indignación cuando percibimos que la justicia no opera y se quebranta su promesa. Esto no solo sucede con la ley ángel; sucede con todos los delitos, incluidos los más graves, porque nuestro sistema, a fuerza de ser garante para los procesados y evitar el encarcelamiento, está desprotegiendo a las víctimas.

Hoy tenemos: enormes beneficios para los imputados por aceptar cargos, negociación de la pena en delitos graves, principio de presunción de inocencia reforzado, exclusión de pruebas por mínima irregularidad (altísima carga probatoria para la Fiscalía), exagerada limitación de la detención preventiva, entre otras figuras que terminan siendo tubos de escape para los delincuentes. Al final, las víctimas quedan sin reparación y los agresores entran y salen del sistema como si nada; se quebranta la confianza en la justicia y se envía un gravísimo mensaje de tolerancia a la delincuencia e impunidad.

Por eso insistiré en la urgente necesidad de hacer una gran reforma a la justicia, pues mientras nuestro sistema penal sea laxo con los delincuentes y no se apueste materialmente por una transformación de la justicia, de nada valdrá el endurecimiento progresivo de la legislación penal contra el maltrato animal.