A finales de la semana pasada, la Registraduría apartó de su cargo a una funcionaria de esa entidad identificada como Camila Gómez, quien apareció en un video haciendo comentarios políticos a favor de una campaña mientras portaba el chaleco institucional.

La razón de esa decisión fue simple: la funcionaria habría incumplido los artículos 60 y 65 de la Ley 1952 de 2019, que prohíben la participación en política de los servidores públicos y califican ese comportamiento como una falta gravísima.

No es la primera vez que ocurre algo así. Como conté en una columna anterior, incluso el propio presidente Gustavo Petro y algunos altos funcionarios de su gobierno han incurrido abiertamente en participación política sin que hasta ahora se hayan conocido sanciones de fondo.

Pues bien, esta columna conoció un nuevo caso, similar, e incluso más grave, que el de la funcionaria de la Registraduría. Vale decir, eso sí, que en ese caso al menos la entidad actuó con rapidez y la apartó del cargo mientras se investiga su conducta.

Esta vez se trata de una trabajadora del Departamento Nacional de Planeación, DNP, quien también aparece en un video presuntamente participando en una actividad política.

La funcionaria se llama Carolina Tejada Sánchez y actualmente ocupa el cargo de jefe de prensa del sistema de regalías del DNP. Sin embargo, según evidencias documentales conocidas por esta columna, también milita en el partido de gobierno, el Pacto Histórico, y habría participado en actividades proselitistas de la hoy senadora electa de esa colectividad, María Eugenia Londoño.

De acuerdo con los documentos revisados, Tejada Sánchez fue nombrada el 16 de octubre de 2025 en un cargo de libre nombramiento y remoción como profesional especializada, con una asignación básica mensual cercana a 12 millones de pesos.

A pesar de las responsabilidades y restricciones que implica su cargo, la funcionaria aparece en un video grabado en marzo y que está publicado en redes sociales, en el que la entonces candidata del Pacto Histórico, María Eugenia Londoño, lidera una pequeña reunión política privada. En el encuentro, Londoño agradece a los asistentes por su apoyo durante los cerca de seis meses que duró la campaña y hace un reconocimiento especial a la exministra de Trabajo del gobierno Petro, Gloria Inés Ramírez Ríos.

Justo al frente del escenario y al lado de la candidata aparece Carolina Tejada, quien escucha con atención y se encarga de grabar las declaraciones de quien, por lo visto en ese momento, parecía ser su verdadera jefa política.

Hay otro dato que llama la atención y es que Tejada Sánchez trabajó previamente en el Ministerio de Trabajo durante la administración de Gloria Inés Ramírez. Y en el mismo video se observa cómo, cuando la nueva senadora agradece a su equipo de trabajo, mira a Tejada y la señala, como si hiciera parte de ese grupo.

La pregunta entonces es inevitable: ¿una funcionaria del Departamento Nacional de Planeación puede participar en la campaña de una candidata al Congreso y aparecer como parte de su equipo político?, ¿no es justamente ese tipo de participación lo que la ley colombiana prohíbe a los servidores públicos?

Esta columna consultó al DNP sobre el caso. La respuesta fue la siguiente:

“A nombre del DNP puedo decirte que esta es una conducta individual del funcionario, que en ningún caso ha sido orientada por la entidad. Todos los funcionarios tenemos claro qué podemos y qué no podemos hacer por norma, y cualquier acto que vaya en contra de ella debe ser investigado. En particular, el procedimiento dentro del DNP es que, una vez instaurada una denuncia a través de cualquier canal oficial, esta es remitida a la Oficina de Control Interno Disciplinario para su investigación”.

También le preguntamos a Carolina Tejada y aunque ella reconoció que sí es la persona de la foto, aún no hemos obtenido su respuesta ni explicación sobre su aparición en el video mencionado.

Eso sí, también conocimos que actualmente en el DNP, entidad dirigida por Natalia Irene Molina, hay cerca de 50 personas trabajando en el área de prensa y comunicaciones. Según testimonios recogidos por esta columna, una buena parte de esos puestos correspondería a lo que popularmente se conoce como “contratos corbata”, muchos de ellos serían ocupados por personas cercanas o militantes del Pacto Histórico.

La preocupación, entonces, no es solo un video ni una funcionaria específica. La pregunta de fondo es si cargos pagados con recursos públicos están siendo utilizados, directa o indirectamente, para hacer política.

Porque si a una funcionaria de la Registraduría la apartan de su cargo por aparecer en un video haciendo política, la ley debería aplicarse con el mismo rigor para todos los servidores públicos del Estado. De lo contrario, la regla dejaría de ser una norma y pasaría a ser simplemente una conveniencia.