Mientras Colombia discutía desfiles, discursos y demostraciones de fuerza ayer 20 de julio, una noticia de enorme gravedad pasó prácticamente inadvertida para quienes dentro de apenas unos días asumirán las riendas del país.

La semana pasada un colombiano de apenas 26 años murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Maine, Estados Unidos. Tenía esposa, una hija de tres años, autorización para trabajar en ese país, un número de Seguro Social y ni una sola razón para que lo mataran. Hoy, su familia sigue destrozada y el país debería estar exigiendo respuestas.

Sin embargo, el silencio del nuevo gobierno, el de Abelardo de La Espriella, ha sido ensordecedor. Mientras el presidente electo dedicó su fin de semana a protagonizar un desfile militar paralelo en Medellín, en una demostración de ansiedad por ejercer un poder que aún no ha asumido, la excusa de que todavía no es el mandatario la han usado sus seguidores para justificar el hecho de que no haya habido una sola condena pública por la muerte de este compatriota.

Es que ni siquiera una exigencia de esclarecimiento, ni una palabra de solidaridad con su familia. Eso, a pesar de que durante la campaña el nuevo presidente prometió firmeza, patriotismo y defensa incondicional de los colombianos. Se habló de rugir como un tigre frente a quien fuera necesario. Pero cuando quien debe dar explicaciones es Estados Unidos, ni un maullido se escuchó.

Llama aún más la atención que, mientras se conocía esta tragedia, el vicepresidente electo se encontraba de visita oficial en Estados Unidos y sostuvo reuniones de alto nivel, entre ellas con el secretario de Estado, Marco Rubio. Era una oportunidad para expresar públicamente la preocupación del Estado colombiano, solicitar información sobre el caso o, al menos, transmitir un mensaje de solidaridad con la familia. Hasta donde se conoce, eso no ocurrió.

El contraste es evidente. El presidente que prometió gobernar para todos ya empieza a mostrar cuáles parecen ser sus prioridades. Y no, no se trata de romper relaciones con Estados Unidos ni de sacar conclusiones antes de que termine la investigación. Se trata de algo mucho más simple: cuando un colombiano muere a manos de agentes de otro Estado, el gobierno de su país tiene el deber, por lo menos, de pedir explicaciones y exigir que los hechos se esclarezcan.

Y aquí hay otro elemento que inevitablemente entra en la discusión. Durante la campaña mucho se habló de la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella, colombiano y estadounidense. Legalmente eso no representa ningún impedimento para ser presidente. Pero políticamente sí deja abierta deja mucho que pensar porque cuando se guarda silencio frente a un caso como este significa que su ¿condición hace más difícil cuestionar públicamente al gobierno de Estados Unidos?

No tengo la respuesta. Pero sí tengo claro que el silencio alimenta esa duda. Qué le cuesta al nuevo presidente o a su canciller un mensaje de solidaridad o una solicitud de información. Ojalá que a pesar de eso el caso se investigue con total transparencia.