Tenemos las leyes, tenemos los certificados, tenemos hasta el discurso del perdón. Lo que no tenemos es la puerta abierta al final del camino.

Juliana Zuluaga Arango, Directora MADE IN PRISON

Hay una escena que he visto repetirse durante varios años. Una persona sale de prisión con un certificado del Sena en la mano y la decisión firme de no volver. Semanas después, está frente a un profesional del talento humano que revisa un formulario, hace una llamada y le dice que la vacante ya se llenó. No se llenó. Apareció el antecedente, o el estudio de seguridad, y con él la certeza de que no la van a contratar. La condena terminó en el papel; en la vida real, apenas empieza la otra. Con esa escena en la cabeza quiero responder tres preguntas que Colombia prefiere no mirar de frente.

¿Está el país preparado para la reintegración de quienes salen de prisión? Mi respuesta, sin rodeos, es que tenemos la norma de un país preparado y la infraestructura de uno que apenas nace. El fin resocializador está escrito desde el Código Penitenciario, pero la propia Corte Constitucional declaró el ECI Estado de Cosas Inconstitucional del sistema carcelario en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. No lo decimos las organizaciones sociales: lo dijo el máximo tribunal del país. Y la cifra que mejor mide ese fracaso es la reincidencia. Según el INPEC, en 2023 rondó el 22%  y viene subiendo desde comienzos de la década pasada. Uno de cada cinco  seres humanos que sale de prisión, vuelve.

La cárcel nos está devolviendo peores infractores en lugar de mejores ciudadanos.

¿Cuáles son las verdaderas barreras al buscar empleo? El debate suele quedarse en la superficie del antecedente penal, pero la barrera tiene tres capas. La primera es el estigma convertido en procedimiento: el estudio de seguridad que muchas empresas aplican es una pena informal que sobrevive a la condena y descarta antes de conocer. La segunda es una falencia que empieza dentro de la cárcel; es justo reconocer que el Sena certifica la formación que imparte en las cárceles, con plena validez y sin marca de origen, pero el problema es la cobertura, porque los cupos alcanzan para muy pocos y no siempre forman en los oficios que el mercado demanda. La tercera es estructural: más de la mitad del empleo en Colombia es informal, de modo que incluso quien se reincorpora, suele hacerlo en la precariedad; terreno fértil para volver a ese lugar.

Quiero detenerme en el trabajo silencioso de las organizaciones sociales que entran a los centros de reclusión a trabajar por la resignificación de las personas privadas de la libertad y de sus familias. Cuando cada una de ellas saca a alguien del patio a un aula, a la cancha, lo saca de un entorno que la criminología documenta como una escuela de contagio del delito, sostiene su vínculo familiar, uno de los factores que más reduce la reincidencia, y le disputa terreno al consumo y a la desesperanza. Eso funciona. Pero todo ese trabajo se derrumba en la puerta de salida cuando el estudio de seguridad de una empresa pesa más que la oportunidad que necesita ese ser humano.

Déjenme ponerle nombre a lo que sí funciona. Felipe salió de prisión convencido de que nadie lo contrataría, y quizás tenía razón. Pero en el camino descubrió algo que no sabía posible: que emprender también era una opción. Hoy no solo levantó un negocio de patacones que lo sostiene, sino que reconstruyó una familia. Su historia no es un milagro; es lo que ocurre cuando alguien encuentra una puerta abierta a tiempo.

El problema es que, en Colombia, Felipe sigue siendo la excepción y no la regla.

¿Tiene el mercado laboral las condiciones para romper los ciclos de exclusión y reincidencia? La política pública apostó por la Ley 2208 de 2022, la llamada Ley de Segundas Oportunidades: una ley  que estuvo a punto de llevar en su trámite el nombre propio de sus promotores, y el detalle no es menor: revela cómo el protagonismo mediático de unos pocos termina invisibilizando el trabajo silencioso de las muchas organizaciones que llevan años dentro de las cárceles, sin cámaras y sin sellos. No se construye política penitenciaria pasando por encima de las redes de apoyo que en esencia coexisten; se construye reconociéndolas.

Y la ley tiene una historia que habla por sí sola. Fue sancionada en mayo de 2022 con la orden de reglamentar el sello en seis meses; la reglamentación llegó en 2024 y el sello solo se lanzó en octubre de 2025. Más de tres años entre la promesa y su puesta en marcha. A eso se suman vacíos de diseño: el incentivo económico aplica solo para empresas de más de cien empleados, dejando por fuera a las micro y pequeñas empresas que generan la mayor parte del empleo; el sello es voluntario, sin consecuencia para quien no lo adopte; y no existe un sistema público que mida a cuántas personas ha empleado la norma. Dicho de otro modo, la ley ofrece una zanahoria para contratar, pero deja intacto el garrote que descarta: no toca el estudio de seguridad. Y una política que premia la buena conducta sin poner límite a la mala, rara vez cambia el fondo.

Tres años pueden ser un retraso administrativo para el Estado. Para una persona que intenta reconstruir su vida después de prisión, pueden ser la diferencia entre empezar de nuevo o volver a caer.

No escribo esto para romantizar el problema. Las preocupaciones de seguridad de las empresas son reales, pero hay que decirlo con determinación: excluir sistemáticamente a quien salió de prisión no es una política de seguridad, es una fábrica de reincidencia. Después de años entrando a las cárceles, he entendido algo que rara vez se dice. Cada vez que una persona reincide, no fracasa únicamente un proceso de reintegración. También aparece una nueva víctima. Una silla vacía en una mesa, un negocio afectado, una familia que pierde tranquilidad. Por eso creo profundamente que la resignificación no es solo una apuesta por quien sale de prisión; es una apuesta por quienes nunca deberían convertirse en víctimas. Porque la mejor forma de cuidar a una sociedad no es llegar después del daño, sino impedir que ocurra

Cada puerta que se cierra empuja a alguien de vuelta al único lugar donde sí lo reciben.

Si de verdad queremos romper los ciclos de exclusión y reincidencia, necesitamos mirar el problema completo. No basta con incentivar a las empresas para que contraten; también es necesario revisar prácticas que terminan convirtiéndose en barreras automáticas, como el uso indiscriminado de estudios de seguridad o el desconocimiento de la reserva de antecedentes que la Corte ha protegido. Al mismo tiempo, los incentivos deben llegar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan buena parte del empleo en Colombia, y deben ir acompañados de mecanismos que permitan saber si realmente están funcionando. Pero, sobre todo, necesitamos cambiar la conversación: contratar a una persona que ya cumplió su condena no es un acto de caridad. Es una decisión que fortalece la seguridad, reduce la reincidencia y beneficia a toda la sociedad.

Quiero cerrar con una invitación directa al nuevo ministro de Justicia. Lo invito a conocer, sin intermediarios ni vitrinas, a las organizaciones sociales que llevan años trabajando dentro de los centros de reclusión: a las que están todos los días en los patios sosteniendo procesos de resignificación que el sistema por sí solo no logra. Escucharlas es la manera más rápida y barata de entender qué funciona y qué no. Si el Ministerio se articula con quienes ya hacen el trabajo, en lugar de reemplazarlas con leyes que tardan años en operar, Colombia podría empezar a ser un terreno fértil de resignificación y no de reincidencia.

Algunas ideas que sostienen a quienes creemos en esta causa: Que la cárcel tiene que entregarnos mejores ciudadanos y no peores infractores. Que nadie es tan bueno como para no tener algo malo, ni nadie tan malo como para no tener algo bueno. Y que no es posible hablar de humanidad sin dignidad. Las cifras de hoy no contradicen esas ideas: las confirman. Colombia sabe qué decir sobre la segunda oportunidad. Le falta lo más difícil, que es sostenerla con presupuesto, con instituciones y con una puerta que de verdad se abra. Las organizaciones sociales estamos listas. La pregunta es si el país está listo para dejar de descartar.