El 24 de junio me enteré del terremoto casi de inmediato, sin saber tan grave era. Minutos después llegaron las imágenes, un edificio desplomado, gente en la calle, polvo, gritos. Y entre lo vivido, lo visto durante años en Venezuela y la intuición que deja ese aprendizaje en derechos humanos, supe algo más, la ayuda llegaría primero de los vecinos, voluntarios, de la solidaridad. Lo que iba a tardar, si es que llegaba, era la respuesta estatal.

El terremoto no constituyó un hecho aislado ni excepcional, reveló una forma de Estado que muchas ya conocíamos, uno que se retiró hace años de su función protectora y se concentró en su función coercitiva. No es ausencia estatal; es algo más perverso, un Estado que llega tarde para cuidar, pero rápido para controlar.

Mientras familiares buscaban nombres, listas, hospitales o alguna señal de vida, apareció el lenguaje del control, accesos restringidos, administración del relato, sospecha sobre la información que circulaba. Y es que la represión no ordena el caos, se le suma.

En Venezuela, el problema no es la ausencia del Estado, sino su forma de presencia, aparece con precisión donde puede controlar y se diluye donde debería proteger. Esa asimetría define la experiencia cotidiana, hospitales insuficientes, protección civil debilitada, información fragmentada y refugios precarios conviven con mecanismos eficaces de vigilancia. Hablar de “fallo estatal” resulta insuficiente en este caso, lo que se evidencia es una estructura que prioriza el control sobre la protección, el relato sobre la transparencia y el orden sobre los derechos.

El país, además, no esperaba este golpe desde la normalidad, Venezuela ya vivía una emergencia humanitaria compleja en donde el terremoto fue un golpe súbito sobre una crisis crónica que lleva años erosionando capacidades y normalizando la precariedad. Una emergencia nueva no sustituye a la anterior, se superpone y la agrava.

Además, sus efectos no se quedan en el impacto, se expanden sobre sistemas debilitados y sobre una confianza pública erosionada, haciendo que la gente dude de la información oficial y dependa de rumores o redes informales. El desastre no empieza con el sismo, empieza mucho antes, en la acumulación de fallas que hacen que cualquier golpe tenga consecuencias más profundas. Las lluvias en Portuguesa y las alertas en Táchira muestran lo mismo, un país sin margen para una sola emergencia ahora enfrenta varias.

Es allí donde está el patrón, no es que el Estado no pueda actuar; es que sabe exactamente cómo hacerlo cuando decide. El problema no es de capacidad, sino de finalidad. ¿Para quién se activa esa capacidad? ¿Para salvar, informar, proteger y reparar? ¿O para ordenar el miedo, administrar la ayuda y preservar el monopolio político sobre la tragedia?

Esto tampoco es nuevo, la tragedia de Vargas en 1999 fue una pedagogía brutal de la desconfianza. Y no la traigo para comparar cifras, sino como advertencia, en Venezuela, el desastre no termina cuando baja el agua, cesa la lluvia o deja de temblar. Continúa en la reconstrucción incompleta, en las promesas incumplidas, en los damnificados administrados, en la certeza de que esperar al Estado puede significar perder la vida.

Por eso hoy la ciudadanía reacciona tan rápido; no es romanticismo, es memoria. La gente ayuda porque sabe que nadie más llegará a tiempo. La diáspora se moviliza porque lleva años sosteniendo en el exilio. Las organizaciones documentan porque, sin registro independiente, el dolor desaparece en la opacidad.

Pero esa sustitución tiene un límite, la sociedad civil puede acompañar, alimentar, documentar, denunciar y sostener. Lo que no puede, ni debe hacer, es reemplazar permanentemente al Estado. Cuando la ciudadanía se ve obligada a suplir funciones básicas de protección, no estamos ante una virtud democrática sino ante una degradación institucional. Y cuando además se la amenaza por hacerlo, la degradación se convierte en crueldad.

En este contexto, la llamada Ley Anti-ONG adquiere un peso decisivo, arquitectura que sigue intacta y hoy tiene efectos concretos sobre la emergencia, no es solo una herramienta política contra la sociedad civil; es un obstáculo directo para la respuesta humanitaria.

Y es que, no bloquea la ayuda de forma explícita, convierte cada acto necesario para ayudar en un riesgo. Recibir fondos se vuelve sospechoso, coordinar con actores internacionales puede ser leído como injerencia, ampliar actividades durante la emergencia puede interpretarse como incumplimiento. Comprar insumos, mover recursos o documentar necesidades queda atrapado en un sistema diseñado para vigilar antes que para facilitar.

Por eso exigir su derogatoria no es un capricho, sino una condición mínima para que la ayuda llegue sin que el aparato que abandonó su función protectora decida quién puede ayudar y quién no.

La corrupción tampoco es un tema aparte ni se reduce al posible robo de donaciones. Reorganizó durante años las prioridades del Estado, vació las instituciones que debían proteger y preservó las que sirven para vigilar, disciplinar y castigar. Así, cuando llega el terremoto, lo que parece incapacidad es también resultado de una decisión acumulada, conservar músculo coercitivo y dejar morir capacidad protectora.

La solidaridad internacional es indispensable, pero debe ir más allá del envío de recursos. Debe exigir acceso, transparencia, trazabilidad, garantías para las organizaciones y protección del espacio cívico. La neutralidad humanitaria no puede convertirse en una excusa para guardar silencio frente a los obstáculos que impiden salvar vidas.

Porque lo que este terremoto dejó expuesto no es ausencia de Estado, sino un Estado que aparece para controlar y desaparece cuando debe proteger. Hay familias buscando nombres, vecinos removiendo escombros, una diáspora sosteniendo desde lejos y organizaciones que ayudan bajo amenaza. El desastre no fue solo que la tierra temblara, el desastre es que, cuando más hacía falta protección, volvió a aparecer primero el miedo. Y esa realidad, como toda realidad construida, tiene responsables.