«En el Ministerio de Educación, Viviane Morales encabezará la reconstrucción moral y académica de nuestras aulas, dignificando la labor de los maestros y fortaleciendo una educación de calidad para las nuevas generaciones». Así presentó De La Espriella a la nueva ministra de Educación, Viviane Morales.

Concuerdan los datos, en efecto, con la inminente necesidad de mejorar la calidad educativa: 5 de cada 10 menores de 10 años no puede entender un texto simple al leerlo. Además, el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanza el nivel mínimo en matemáticas (OCDE, 2022).

La dignificación de los maestros es también una tarea pendiente, junto con la formación, acompañamiento y dotación para enfrentar los retos que implica un sistema educativo que atiende una enorme diversidad —niñez migrante, indígena y con discapacidad— bajo condiciones precarias: el 71 % de los colegios rurales no tiene agua potable (DANE, 2025) y enfrentamos una crisis de salud mental gravísima, tanto de estudiantes como de maestros, con un déficit alarmante de orientadores escolares.

Pero la «reconstrucción moral y académica» a la que hace alusión tiene una connotación que, cruzada con el perfil de la nombrada ministra, resulta sumamente problemática.

La verdad es que la educación está en crisis hace rato y, honestamente, sí requiere de un milagro para ser solventada. Sin embargo, un milagro de rigor técnico, liderazgo, experiencia y trayectoria robusta; no un milagro basado en ignorar el Estado laico que es Colombia.

En efecto, Viviane Morales lleva un largo recorrido en el sector público; es abogada, diplomática y política colombiana. Egresó de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París, tras obtener una beca del gobierno francés por excelencia académica. Formada, sí es. Pero a esta crisis no le sirve este perfil. No tiene experiencia como docente ni como académica. Jamás ha trabajado en el sector educativo, que es de una altísima complejidad.

Lo verdaderamente problemático es que su pública y expresa postura confunda tecnicidad con ideología. Que sea cristiana es loable, respetable y hasta admirable. Afortunadamente, e incluso gracias a ella, en Colombia podemos practicar y profesar la religión que queramos, precisamente porque habitamos un Estado laico, amparado por la Ley de Libertad de Cultos (Ley Estatutaria 133 de 1994) que ella misma impulsó. Pero liderar la educación pública de un país no es lo mismo que pastorear una congregación.

El problema radica en confundir los valores y la moral personal con las verdaderas necesidades estructurales del sistema educativo. Entre estas peligrosas confusiones destaca la obstinación de mezclar la «ideología de género» —una construcción ficcional y un fantasma retórico inventado por el conservadurismo— con la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Su perfil, sus banderas políticas y su trayectoria apuntan a que liderar esta cruzada moral será su misión principal en el Ministerio de Educación. Esto implicaría un retroceso monumental frente a lo que ya hemos logrado en el ordenamiento jurídico, donde la EIS no solo es obligatoria desde 1993, sino que está reconocida por las altas cortes como un derecho fundamental por sí mismo y una condición ineludible para garantizar los demás derechos de la niñez.

El verdadero drama es que este avance legal ha tenido, desafortunadamente, muy pocos avances en la realidad, por lo que entorpecerlo desde el Ministerio sería catastrófico. Hoy, el 71,6 % de las niñas en Colombia inicia su vida sexual antes de los 18 años sin haber recibido educación sexual integral, y un 69,7 % de los colegios no capacitó a su equipo docente en esta materia en los últimos dos años (Índice Welbin, 2024). Mientras tanto, seguimos ostentando la segunda tasa más alta de Latinoamérica en embarazo adolescente (OCDE, 2022) y el 55 % de las personas de la comunidad LGBTIQ+ reporta haber tenido pensamientos suicidas por discriminación (Colombia Diversa, 2023). Obstaculizar la EIS por posturas personales es negarle a los estudiantes herramientas que, según la evidencia internacional, retrasan el inicio de la vida sexual, aumentan el uso del condón en un 33 % y reducen drásticamente el riesgo de sufrir violencias (UNFPA).

Emprender una oposición a educación integral en sexualidad no solo es un desgaste político innecesario para este nuevo gobierno, sino que ahondaría directamente las crisis que prometen resolver. La deserción escolar, que anualmente ronda el 34 %, está profundamente ligada al embarazo temprano y a la violencia basada en género. No invertir en EIS y en derechos sexuales y reproductivos tiene un altísimo costo social y económico: en América Latina, el embarazo adolescente representa una pérdida anual equivalente al 1 % del PIB combinado, condenando a miles de mujeres a la brecha salarial y a la pobreza.

Si Morales decide calcar el modelo de recortes morales del presidente Milei en Argentina, el resultado no será la «reconstrucción moral» de la Patria Milagro, sino una crisis de salud pública, con picos de infecciones de transmisión sexual (que en Argentina ya aumentaron un 51,5 %) y una ola de maternidades forzadas.

Queda entonces la expectativa —y quizás la ingenua esperanza— de que lo que promete el perfil de Viviane Morales, con su trayectoria de feroz oposición a la diversidad, a la autonomía y a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, se quede solo en una sospecha. Ojalá me equivoque. Ojalá entienda que la educación colombiana necesita, a gritos, gestión pública basada en datos, pedagogía y presupuesto, y no dogmas dictados desde el púlpito.