En política, los detalles no son protocolo, son mensaje. 

Y cuando la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, decidió la semana pasada, abandonar una tarima en un evento liderado por el presidente Gustavo Petro en Chaparral, tras sentirse relegada y sin posibilidad de intervenir, lo que ocurrió no fue un simple desacuerdo logístico, fue un gesto político y los gestos, en el poder, no son  al azar 

Podría decirse que fue un mal manejo del protocolo, podría explicarse como un desorden de agenda o podría incluso minimizarse como susceptibilidad. 

Pero en un país que ha convertido el discurso de género en bandera, los símbolos pesan y pesan más cuando se trata de una mujer electa por voto popular, que gobierna un departamento, y que es invisibilizada en un acto oficial del más alto nivel. Porque la política es narrativa y la narrativa no solo se construye con discursos, sino con actos, con coherencia, con verdad y con equilibrio.  

Durante este gobierno se ha hablado —con razón— de la necesidad de ampliar espacios para las mujeres, de transformar estructuras históricamente masculinas de poder y de reivindicar liderazgos femeninos. Sin embargo, la pregunta incómoda es otra: ¿qué ocurre cuando ese discurso se enfrenta a la práctica del poder real? 

Porque no se trata de protagonismo personal, se trata de jerarquía: 

¿Quién habla primero?  

¿Quién cierra?  

¿Quién tiene el centro del escenario?  

¿Quién queda de fondo? 

Esas decisiones no son neutras. Comunican estructura. Comunican prioridades. Comunican reconocimiento. 

Cuando una gobernadora decide levantarse y retirarse, el gesto puede interpretarse de múltiples maneras. Algunos lo verán como un acto de carácter, otros como una reacción desproporcionada pero reducirlo a temperamento sería a mi modo de ver, simplificarlo demasiado. 

En política, retirarse también es comunicar. Y lo que comunica es que hay tensiones no resueltas entre el discurso de igualdad y la práctica del poder vertical. 

Las mujeres en la política colombiana no solo enfrentan el reto de ganar elecciones, enfrentan el reto de ser tomadas en serio dentro de estructuras que, incluso cuando se autodenominan progresistas, siguen operando con lógicas tradicionales de centralización del poder. 

La presencia de las mujeres en las instituciones no se mide únicamente por el número de cargos que ocupan, se mide por la autonomía real que se les reconoce, por el respeto a su investidura y por la legitimidad que se les concede en el espacio público. 

Y ahí es donde la escena de Chaparral deja de ser anecdótica y se convierte en patrón. Porque el poder no es solo para quien gobierna desde Bogotá, el poder también es para quien gobierna desde los territorios. Y la relación entre centro y región históricamente ha sido una relación desigual. Si a esa desigualdad territorial le sumamos la variable de género, la conversación se vuelve aún más compleja. 

El discurso de igualdad exige coherencia. Y la coherencia no se demuestra en declaraciones, sino en decisiones concretas, en actos: a quién se escucha, cuándo se escucha y con qué relevancia se escucha. 

La política colombiana vive una crisis de confianza profunda. No solo por decisiones económicas o reformas estructurales, sino por una desconexión creciente entre lo que se promete y lo que se percibe. 

Y en tiempos de crisis, la comunicación importa. Importa más que nunca. 

Lo que pasó en Chaparral no cambia el rumbo de un país, pero sí abre una conversación necesaria: La igualdad no es un discurso, es una práctica cotidiana del poder. 

Y a veces, basta una mujer levantándose de una tarima para recordarnos que el lugar no se concede: se reconoce.