La semana pasada el presidente Gustavo Petro, en una plaza pública financiada con recursos del Estado y en un evento oficial en el que se hablaría del salario mínimo, terminó escuchando arengas a favor del candidato oficialista, Iván Cepeda. Como si eso fuera poco, sus propias palabras sobre la necesidad de que el país vote “su opción” se dieron en un contexto donde la línea entre gobierno y campaña comenzó a diluirse peligrosamente.

No es un asunto menor. En Colombia, el presidente de la República, como cualquier otro servidor público, tiene prohibido participar en política. No es una recomendación ética, es una restricción legal. Y no se trata de limitar su libertad de opinión como ciudadano, sino de proteger la equidad en la contienda electoral.

Porque cuando el jefe de Estado habla, no habla un ciudadano más. Habla quien tiene el presupuesto, la tarima, la logística, la transmisión oficial y la capacidad de movilización institucional detrás y el poder no puede inclinar la balanza.

Y es que no ha sido solo ha sido el presidente quien ha hecho política usando los recursos públicos. Hace unos días, en la Radio Nacional, que hace parte de RTVC y cuenta con más de 70 frecuencias pagadas con recursos públicos, el youtuber Levy Rincón, hoy vinculado contractualmente al sistema de medios públicos, hizo proselitismo político también a favor de Iván Cepeda.

Más allá de su conducta descarada, lo que olvidó Rincón es que los medios públicos no son un comité de campaña, no son una trinchera ideológica y mucho menos son un premio burocrático para activistas afines al gobierno de turno. Si él hoy fuera oposición, estoy segura que en sus redes sociales se indignaría y recordaría que RTVC es un bien público que debe garantizar pluralidad, equilibrio y servicio a la ciudadanía.

Cuando desde esas frecuencias se promueve explícitamente a un candidato y se ataca a sus competidores, el terreno deja de ser democrático y se convierte en desigual.

La constitución y la ley colombiana son claras: los funcionarios públicos no pueden utilizar recursos del Estado para favorecer campañas. No pueden presionar subalternos, difundir propaganda política desde sus cargos ni prometer beneficios a cambio de apoyos electorales. Esas normas existen precisamente para evitar que quien gobierna use el aparato estatal como maquinaria electoral. Definitivamente, no están de adorno.

Además, no se trata de que “lloren los fachos” como muchos responden cuando se reclama por el cumplimiento de la ley. Lo que está en juego es la igualdad de condiciones y el respeto por las normas que tanto pidieron cumplir cuando no eran gobierno.

Hay quienes dicen que los medios de comunicación privados también hacen campaña abierta o velada por determinados candidatos. Más allá de que esa discusión sea válida o no, hay una diferencia fundamental: los medios privados son empresas particulares que operan con recursos propios.

El Estado, en cambio, administra el dinero de todos los ciudadanos y está sometido a un deber constitucional de neutralidad. No es lo mismo una línea editorial discutible que el uso de la estructura pública para favorecer una candidatura.

La plaza pública pagada con impuestos no puede ser escenario de campaña. La radio pública no puede convertirse en altavoz de un candidato. Y el poder no puede usar los recursos de todos para impulsar el proyecto de unos pocos. Tampoco, y en esto soy clara, se trata de censurar opiniones. Se trata de separar funciones, es simple.

Recuerden que hoy se pueden beneficiar unos con esas formas de hacer campaña, pero después pueden ser otros y eso sí que no les va a gustar. Lo lógico sería entonces que no aceptemos que el Estado intervenga en la competencia electoral porque cuando un árbitro entra a jugar, el partido deja de ser justo.