Mi nombre es María Clara Serna, soy de Medellín y el 5 de julio de 2025 fui víctima de abuso sexual. Denunciar no fue una elección moral ni un gesto heroico; fue una necesidad atravesada por el miedo y por la conciencia de que el silencio también es una forma de condena. Escribo desde ese lugar: el de quien tuvo que aprender a hablar con la voz rota, porque sobrevivir no basta cuando el sistema sigue intacto.

Contar lo que implica denunciar en este país no es un acto de valentía individual, sino una forma mínima de resistencia colectiva.

En Colombia, denunciar un abuso sexual nunca ha sido solo un trámite. Es entrar a un engranaje que históricamente nos ha dicho que nuestro cuerpo es negociable, que nuestra palabra es sospechosa y que nuestro dolor debe demostrarse como si fuera una tesis académica. Y, aun así, denunciamos. No porque el sistema esté diseñado para creernos, sino porque la dignidad es más terca que el miedo.

Hablar de las dificultades de denunciar no es referirse a un caso aislado. Es hablar de un patrón: de una maquinaria lenta, desarticulada y profundamente machista. Un aparato que produce impunidad en porcentajes obscenos, mientras responsabiliza a las víctimas por no “hacer las cosas bien”.

Esta realidad no es nueva. Hace más de medio siglo, la teoría feminista explicó cómo las mujeres fuimos construidas como “el otro”: un sujeto secundario cuyo valor social siempre ha dependido del patriarcado. Esa estructura sigue viva en América Latina, donde se nos exige demostrar pureza, coherencia y un comportamiento impecable antes, durante y después de cualquier agresión. Hoy, como hace décadas, nuestra palabra se pone en duda antes de ser escuchada, el dolor se minimiza y la violencia se relativiza cuando el agresor es un hombre con poder. El sistema judicial, lejos de corregirlo, reproduce esa misma lógica.

En Colombia, la violencia sexual no es una anomalía: es parte del orden social. Denunciar, entonces, es un acto subversivo. Es romper la costumbre y obligar a la sociedad a mirar aquello que insiste en invisibilizar.

Mientras el marco teórico explica el fondo del problema, las cifras lo exponen sin anestesia. El 88 % de las víctimas de violencia sexual son mujeres. La mayoría de los casos nunca llega a juicio. Históricamente, el 81 % de las denuncias por abuso sexual infantil se archiva y apenas un 11 % termina en condena. Incluso la Defensoría del Pueblo ha descrito la ruta de atención como desarticulada, incompleta y revictimizante. No es una justicia que funcione como institución: es una justicia que opera como ruleta. Un sistema diseñado para agotar, confundir y desanimar hasta que las víctimas renuncien.

Y como si las cifras no bastaran, los hechos lo confirman con una claridad insoportable. Hace unos días, en Soacha, una vigilante tuvo que grabar con su celular cómo un inspector de Policía la acosaba y la tocaba dentro de su lugar de trabajo. Solo hubo reacción cuando el video se volvió viral. No por justicia, sino por presión. No es un hecho aislado.Se repite en comisarías, colegios, alcaldías, inspecciones y estaciones de Policía: espacios que deberían protegernos y que terminan siendo escenarios de violencia ejercida por quienes representan al Estado.

Estos episodios no son ruido mediático: son evidencia de que el sistema no solo falla al investigar la violencia sexual; en muchos casos, es parte de ella. Y luego se preguntan por qué tantas mujeres dudan antes de denunciar.

Esa desconfianza no surge de la nada. Nace de los vacíos institucionales que se repiten una y otra vez. En una de mis entrevistas con la Policía Judicial me llamaron porque “había cosas que no les quedaban claras”. Entre las preguntas, una me atravesó por completo:“¿Por qué no hizo nada cuando sintió que la estaban violentando sexualmente?”Ese tono. Esa sospecha. Esa insinuación de culpa.

No es un error del sistema: es el sistema. Son las preguntas que duelen más que las heridas. Las entrevistas repetidas. Las dudas disfrazadas de protocolo. La ausencia total de formación en trauma. Denunciar se convierte en narrar tu dolor tantas veces que terminas aprendiéndote el relato sin llorar, solo para que te tomen en serio.

Y eso, paradójicamente, es apenas el comienzo. Cinco meses después de la agresión, por fin tuve la audiencia de imputación. Cinco meses. Ese tiempo, por sí solo, ya es una forma de violencia. Pero la audiencia lo empeoró todo. El juez abrió hablando de “los derechos de las víctimas”… para luego callar a mi abogado, afirmando que no podía intervenir.

La ironía haría reír si no doliera tanto. ¿Cómo pueden existir derechos para las víctimas si su voz está prohibida?

La fiscal, además, no conocía mi caso. Leyó el expediente en plena audiencia. Se equivocó en fechas, en hechos y en la línea de tiempo. No pudo narrar con claridad ni el cuándo ni el cómo de lo que me hicieron. Escucharla fue comprender que mi historia ni siquiera había sido estudiada por quien debía buscar justicia. El mensaje fue el de siempre: tu dolor no es prioridad. Tu caso no amerita preparación. Tu verdad es prescindible.

Nada de esto es anecdótico. Es estructural. Es cotidiano. Miles de mujeres atraviesan lo mismo cada año.

Frente a todo esto, denunciar se convierte en un acto profundamente feminista. Porque denunciar es romper la normalidad patriarcal. Es decirle al Estado: me van a escuchar, así no quieran.

El feminismo ha insistido en que lo personal es político. Denunciar es justamente eso: transformar el horror íntimo en evidencia pública de que el sistema está fallando. Pero también es un recordatorio de lo que ninguna mujer debería aceptar: que la justicia dependa de nuestra resistencia emocional, mental y económica.

Todo esto duele, pero también señala con precisión lo que debe cambiar. Denunciar en Colombia sigue siendo lento, revictimizante, burocrático e injusto. No son fallas individuales: es un sistema que produce impunidad como resultado. Y eso tiene que transformarse. Con formación obligatoria en trauma. Con protocolos claros. Con instituciones que no nos violenten. Con jueces y fiscales preparados. Con plazos reales. Con rutas de atención que protejan, no que hieran.

Simone de Beauvoir dijo que la opresión persiste porque se vuelve costumbre.

Pues bien: denunciar es romper esa costumbre.Y yo, como tantas otras mujeres, no pienso acostumbrarme.